Incendio en casona de inmigrantes: un nuevo relato de precariedad
El viernes pasado las llamas dejaron inhabitable una casona ubicada en el barrio Brasil, donde residían más de 100 haitianos. Desde las organizaciones sociales, hicieron un llamado al gobierno para que se trabaje en un proyecto nuevo de migrantes que vaya en un sentido distinto al que determinaron los decretos prohibitivos que firmó Sebastián Piñera.
Al principio de la cuadra el olor ya delata lo que sucedió la madrugada del viernes pasado. Un incendio destrozó una casona en el barrio Brasil, donde vivían alrededor de 100 inmigrantes haitianos en condiciones pésimas. Kesnel, uno de los que residía en el lugar y que se salvó de las llamas, contó que todas sus pertenencias se calcinaron. Hoy está en la calle, tal cual les sucedió a otros compañeros que vivían ahí, quienes habían pagado por sus piezas, incluso, adelantadamente.
Hasta el momento, el incidente reportó dos muertos. A esto se suma la pérdida que sufrió una mujer con cuatro meses de embarazo, un joven hospitalizado por intoxicación con monóxido de carbono, una persona con una fractura de mandíbula y otras víctimas con quemaduras graves.
Así lo informaron distintas organizaciones pro-migrantes que protestaron esta mañana en la fachada de la casona. Se quejaron porque, desde que ocurrió la catástrofe, desde el municipio solo han entregado un bidón con agua no potable, lo que se ha enmarcado en una ayuda que incluso tildaron de “caritativa”.
Una de las activistas presentes, Valeska Aguilar, explicó que la colaboración ha llegado sobre todo por parte de grupos particulares que “se han hecho presentes”. “Desde la municipalidad nos trajeron dos camas, nos pusieron bidones de agua, pero necesitamos que alguien les quite el temor a estas personas”, dijo.
Un espejo de la actual legislación
Los movimientos pro-migrantes observaron en este incendio un reflejo de las condiciones desiguales que existen a partir de las medidas tomadas por el gobierno central con relación a los haitianos. Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, criticó que en el proceso de regularización se parte de “la base de que todos los migrantes poseen internet”.
“El otro tema que nos preocupa es que las municipalidades no tienen recursos, y con la ley que se está proyectando tampoco van a ser incorporadas, no se les considerará en los diseños de las políticas”, añadió.
En ese sentido, el activista planteó que la regulación que debe proponer Sebastián Piñera debe ser una que vaya en otro sentido, y que venga a “darle una normativa a Chile en migración que sea la mejor de América, y no el adefesio que hemos visto que entró, y que hablan mucho de derechos humanos pero que los aplica muy poco. Los derechos humanos son totales y se ven en la práctica; las declaraciones no nos sirven”.
Gonzalo Winter, diputado del Movimiento Autonomista, condenó las prácticas puestas en marcha desde La Moneda mediante decreto –como las condiciones especiales para haitianos– y criticó el proyecto que se piensa desde el oficialismo.
“Tenemos una legislación planteada por Sebastián Piñera tremendamente equivocada, sin enfoque de derechos humanos, además, este proceso no va a generar regularidad, va a generar un caos. Cuando tú le dices a un determinado país que sus ciudadanos no son bienvenidos en el país, sin ninguna justificación, proponiendo que los del país de al lado sí son bienvenidos, lo que estás diciendo que es que entiendes la migración como un negocio y no un derecho humano”, dijo.
En medio del punto de prensa, entraban y salían ciudadanos haitianos que todavía permanecen como residentes de la casona. La concejala Natalia Contreras (RD) indicó que, para poder moverlos, la propiedad debe ser declarada inhabitable. Sin embargo, para la autoridad no es tan fácil, primero, por el miedo a ser deportados que aún existe en esa comunidad, y luego, porque nadie se mueve tan fácil de su hogar.
De esta manera, Contreras indicó que una gran prioridad también deben ser las mujeres “que están embarazadas; aunque no estén documentadas, necesitan atención y leche, y pueden tener miedo de ir presas porque no están documentadas, e igual tienen el derecho a ser atendidas y no sabemos cuáles son sus condiciones médicas”.
Justo al término de la conversación con los medios, llegó hasta el lugar Guillermo Soto, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, quien indicó que se querellarán contra quienes resulten responsables por esta catástrofe, y expresó, a diferencia de lo que afirmaron los dirigentes, que como entidad no tenían antecedentes de las condiciones deplorables que existían en ese lugar.
“Hemos sido los primeros en denunciar los subarriendos abusivos, y hemos estado siempre dando soluciones cuando corresponde y cuando los recursos de una comuna lo permiten. Tenemos catastro, pero hay más de 100 mil viviendas en Santiago, no tenemos la posibilidad de saber exactamente, porque aquí es una propiedad privada, es un responsable privado. Acá necesitamos una política de Estado que nos apoye a los gobiernos locales”, dijo.
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