En octubre de 2007 tuve la suerte de ser uno de los pocos bomberos chilenos (dos a nivel nacional) en capacitarse en una de las especialidades más complejas pero, a su vez, apasionantes de los incendios; Investigación de la causalidad de incendios forestales.
A partir de la experiencia adquirida, claramente los incendios forestales son una de las grandes complicaciones que se generan a nivel mundial. Estas emergencias catastróficas repercuten social, económica y ambientalmente en los países y zonas donde ocurren, incluso llegando a costar la vida de los combatientes forestales.
La investigación de incendios forestales lamentablemente se presenta como una de las áreas menos estudiadas en Chile, siendo que, como está demostrado, es la base para diseñar las campañas de prevención de los mismos.
El problema a plantear es: ¿Son efectivas las políticas de investigación de incendios en Chile? ¿Por qué es importante aplicar una metodología probada de investigación en estos eventos?
La investigación de este tipo de incendios es fundamental para desarrollar políticas de prevención que sean efectivas. Fue así como los agentes forestales de Portugal, país con una alta ocurrencia de este tipo de incendios, crearon a partir de los años 90 las primeras Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIF), tomando modelos norteamericanos que adaptaron a la realidad local.
La conclusión a la que llegaron fue simple: “difícilmente podremos prevenir los incendios si no conocemos con mayor exactitud las causas que los provocan, por tanto si conocemos estas causas se pueden diseñar medidas preventivas eficientes para eliminar o disminuir su incidencia”. Además, añaden, a través de una buena investigación se puede llegar al responsable, lo que permite aplicar las medidas correctivas y sancionatorias adecuadas.
Los agentes forestales portugueses llevaron sus conocimientos a España, principalmente a Catalunya, Castilla y León y Galicia, lugares de clima mediterráneo (similar a Chile) donde se adecuaron los procedimientos y se logró por una parte reducir la cantidad de incendios en base a los resultados de las investigaciones y, por otro lado, sancionar a los responsables de varios de ellos.
Gracias a la investigación de la causalidad de incendios forestales se logró detectar las malas prácticas que provocaban incendios, tanto por acción deliberada como por omisión del ser humano. En base a esto se modificó en 1995 el Código Penal donde se ampliaron, por ejemplo, las causas de incendios y se incluyó la denominada “Imprudencia Grave” que es sancionada incluso con prisión.
Se enfocaron, también, en campañas de prevención y educación en el caso de las ganaderos que por cultura quemaban las llanuras y los montes para dar paso a sus crianceras o para espantar a los jabalíes. Junto a ello se consideró la aplicación de sanciones a empresas eléctricas ya que, en varios casos, se detectó que la mala mantención de los tendidos de media provocaban desprendimiento de partículas incandescentes a los pastos y se producían incendios. Sin la adecuada investigación, eso no habría sido posible.
Es necesario mencionar que un incendio forestal puede ser provocado por tres razones, dos de ellas atribuibles al ser humano:
Intencionalidad, donde podemos encontrar a su vez a un pirómano y a un incendiario. El primero tiene motivaciones patológicas para provocar el incendio, mientras que el segundo tiene motivaciones externas -venganza, ocultamiento de un delito, económicas, etcétera.
Imprudencia u omisión, donde el ser humano, por ejemplo, deja mal apagada una fogata, lanza un cigarrillo por la ventana del vehículo, una mala mantención de las líneas eléctricas, entre otros descuidos.
Naturales, donde, en un muy menor porcentaje, los incendios son provocados por rayos que caen en la foresta, caída de meteoritos o fragmentos de cometas.
A su vez, el uso incorrecto del fuego se puede dividir desde el punto de vista de la causalidad en: negligencia en quemas agrícolas, pastos, basuras; venganzas y vandalismo; negligencia en actividades recreativas como camping y excursiones; conflictos por espacios territoriales, intereses inmobiliarios, conflictos de caza; ocultamiento de otros delitos como contrabando, robos de autos, asesinatos y otros.
Ahora bien, el proceso investigativo de los incendios forestales no difiere mucho de una investigación en un incendio estructural, con la gran diferencia que el área a analizar puede ser de varias hectáreas. En este sentido, el método utilizado se basa en la adecuada “lectura de vestigios” del fuego o como le llaman coloquialmente en España, saber escuchar las “cenizas que hablan”.
El metodo anterior utiliza un procedimiento de búsqueda, primero, del punto de inicio, acotando los perímetros del incendio de acuerdo a los rastros y huellas que deja el paso de las llamas hasta llegar a un área no mayor a los tres metros cuadrados. Una vez encontrado el punto de inicio, comienza la búsqueda de pruebas.
Las pruebas pueden ser restos de velas, restos de cajas de fósforos (que normalmente se usan como retardantes para darle tiempo al incendiario o pirómano de escapar del lugar), restos de acelerantes (bencina u otro solvente) que se usan para no dejar rastros o bien restos metálicos, en el caso que sean partículas incandescentes de algún tendido eléctrico, trabajos de soldadura o desbaste de metales.
Reunidas estas pruebas, se cruza la información con los vestigios iniciales y otros datos como velocidad y dirección del viento, hora, presión atmosférica, condiciones climáticas y topográficas de la situación y ya se puede comenzar a formular la hipótesis del origen y los posibles sospechosos.
A partir de los incendios registrados en las Torres del Paine, en enero se modifico la ley de bosques en materia de sanciones por el uso del fuego. La ley 20.653 aumentó las sanciones a los responsables de hacer fuego y usar fuentes de calor en lugares no autorizados de las áreas silvestres protegidas que administra la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en todo el país. También endureció las sanciones a quienes, como consecuencia de este mal uso del fuego, provoquen incendios forestales en parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales.
De esta manera, aquellos que hagan fuego o utilicen fuentes de calor en lugares no autorizados de las áreas silvestres protegidas se exponen a multas que van entre las 11 y las 50 UTM (desde los $440.000 hasta los $2.000.000), y penas de cárcel que van entre los 61 días hasta los tres años. En tanto, los responsables de ocasionar un siniestro que afecte algún área silvestre protegida deberán pagar multas entre 100 y 200 UTM, es decir desde los $4.000.000 y $8.000.000, además de cumplir penas de cárcel entre los 3 y 5 años.
La modificación legal también establece que, quienes por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego u otras fuentes de calor provoquen un incendio forestal, se enfrentaran a multas de 50 a 150 UTM, entre los $2y $6 millones, arriesgando además penas de presidio entre 541 y 5 años.
En resumen, las medidas de prevención de incendios forestales se deben basar en efectivas políticas de investigación pero, además, es necesario hacer un seguimiento a los casos. Lo anterior, puesto que no es un dato menor que muchos de los lugares afectados por incendios forestales, cercanos a zonas pobladas, con el tiempo terminan siendo adquiridos por empresas inmobiliarias para construir complejos habitacionales o con plantaciones agrícolas en los cerros. ¿Será esto coincidencia? La incógnita tiene una respuesta simple, la sabríamos si se hubieran desarrollado investigaciones de las causas de aquellos incendios forestales.
Mientras tanto, tal como se decreta alerta temprana por frentes de lluvia y temporales, se podría determinar alerta temprana por incendios, y prohibir el uso de fuego o fuentes de calor en las cercanías de la foresta o áreas con vegetación.
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