Un grupo de bomberos que respondió a la fuga de gas natural en Porter Ranch hace tres años demandaron a Southern California Gas Co., propietaria del pozo roto, alegando que la empresa sabía que había químicos peligrosos en el lugar y no les advirtió.
Los bomberos alegan en su querella que muchos de ellos han enfermado de cáncer.
Southern California Gas Co. no ha comentando sobre el litigio.
El 23 de octubre de 2015 se descubrió un escape en un pozo del campo de almacenamiento de Aliso Canyon en las colinas al norte de Los Ángeles, la cual tardó casi cuatro meses en taparse después de arrojar inmensas cantidades de metano al aire. Fue la fuga de gas natural más grande en la historia de Estados Unidos.
El escape provocó que miles de residentes del vecino Porter Ranch evacuaran sus casas por largos periodos de tiempo al quejarse que una “nube” de tóxicos los estaba enfermando.
En la querella archivada en la Corte Superior de Los Ángeles, los demandantes dicen que la empresa sabía que el gas contenía benceno y formaldehído que causan cáncer, según la demanda.
“Los gases tóxicos rodaron cuesta abajo hacia las comunidades residenciales en el norte del Valle de San Fernando” y tanto los bomberos como los residentes respiraron “niebla aceitosa”, según la demanda.
“Los bomberos sufrieron, y en algunos casos continúan sufriendo, hemorragias nasales, migrañas, mareos, erupciones cutáneas, dificultades para dormir y dificultades para respirar. Algunos ahora luchan contra el cáncer”, dice la querella.
La demanda contra la compañía de gas y su casa matriz, Sempra Energy, alega negligencia, molestia y fraude. Busca daños no especificados.
En agosto, la empresa acordó pagar casi 120 millones de dólares a los gobiernos estatales y locales por la fuga. Acordó pagar hasta 25 millones de dólares para un estudio de las consecuencias de salud a largo plazo, reembolsar a los gobiernos de la ciudad, el condado y el estado por responder a la explosión, controlar los productos químicos en el aire a lo largo del límite de la instalación durante ocho años y no pasar los costos del acuerdo a los contribuyentes.
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